En un giro proteccionista de gran alcance, el gobierno de Estados Unidos ha anunciado un arancel del 50 % sobre las importaciones de cobre refinado, efectivo desde el 1 de agosto. La decisión, motivada por preocupaciones de seguridad nacional, ha generado una fuerte reacción en los mercados internacionales: los contratos de cobre en el Comex saltaron un 13 % en un día, y los precios en EE.UU. superaron los niveles globales, provocando una disparidad entre mercados.

Este aumento dramático de los precios representa una señal de alerta para países exportadores tradicionales como Chile y Perú, quienes proveen la mayor parte del cobre refinado que ingresa al mercado estadounidense. Chile aporta casi el 70 % de estas importaciones, seguido por Canadá, Perú y México .

En Perú, la Reserva Federal decidió mantener las previsiones de crecimiento sin cambios, aunque advirtió que los bloqueos recientes en el sector minero informal podrían afectar operaciones clave. Las autoridades destacan que, aunque Perú no depende tanto de EE.UU. para su cobre, el arancel pondrá presión sobre la competitividad de sus exportaciones internacionales.

En Chile, el gobierno del presidente Boric reaccionó con cautela. Las autoridades insistieron en buscar exenciones, argumentando que el cobre representa más de 50.000 millones de dólares en exportaciones al año y constituye un pilar en su balance externo.

Impacto económico regional

El impacto más inmediato del arancel será el encarecimiento del cobre en EE.UU., incrementando los costos de producción en sectores sensibles como automotriz, telecomunicaciones, construcción e infraestructura eléctrica, como demostraron analistas al advertir que los costos por vehículo podrían aumentar hasta USD 5.700.

Para las economías de América Latina, la medida significa un reto en la estrategia de diversificación de mercados y estabilidad cambiaria. Los exportadores podrían compartir mayores volúmenes con mercados alternativos, como China, Europa o Asia, donde los precios internacionales comienzan a normalizarse tras la distorsión inicial .

A corto plazo, los países exportadores enfrentan una presión adicional sobre sus monedas y reservas externas, ya que las ventas anticipadas al mercado estadounidense podrían perder competitividad. En el mediano plazo, el desafío será reorientar la logística, modificar acuerdos comerciales y reforzar industrias de valor agregado relacionadas con el cobre.

Voluntad regional y búsqueda de exenciones

Frente a este panorama, líderes regionales han comenzado a buscar salidas diplomáticas para mitigar el impacto. Países como Chile, Perú y México exploran mecanismos para acceder a exenciones o aplicar ajustes arancelarios diferenciados, amparados en sus tratados de libre comercio con Estados Unidos. Estas gestiones apuntan a reducir el golpe sobre sus ingresos por exportación y preservar la competitividad de sus industrias mineras.

En paralelo, se percibe un movimiento estratégico hacia inversiones en refinerías locales y fortalecimiento de las cadenas de valor del cobre, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad ante políticas externas volátiles y fomentar el procesamiento regional del mineral.

En el caso de Bolivia, aunque sus exportaciones de cobre refinado a EE.UU. no son significativas en comparación con sus vecinos, el país no es ajeno a las implicancias del nuevo contexto. La medida incrementa la competencia por mercados alternativos y puede presionar indirectamente los precios en canales donde Bolivia compite con cobre de origen chileno o peruano. Además, el escenario pone sobre la mesa la urgencia de impulsar políticas de industrialización minera y desarrollo tecnológico, que permitan dar mayor valor agregado a sus exportaciones metálicas.

El arancel del 50 % al cobre impone un desafío significativo para América Latina. La redistribución de la demanda global y el ajuste de precios obligan a reactivar rutas comerciales, impulsar mayor industrialización local y proteger las economías dependientes del metal rojo. A mediano plazo, la clave será convertir un obstáculo en una oportunidad para fortalecer las cadenas productivas regionales y asegurar una inserción más resiliente en los mercados globales.