El gobierno del presidente Rodrigo Paz apunta a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes de marzo de 2026 y a captar alrededor de US$1.4 mil millones en préstamos multilaterales en los primeros meses de la gestión, en una estrategia para aliviar la escasez de divisas, garantizar el suministro de combustible y reducir el costo del financiamiento soberano.
Un alto asesor económico del presidente indicó que la administración buscará un entendimiento con el FMI en un plazo que culmina en marzo, mientras gestiona líneas de crédito con la CAF, el BID y el Banco Mundial por unos US$1.400 millones para cubrir necesidades urgentes de liquidez. Estas gestiones se enmarcan en un contexto de reservas internacionales reducidas y pagos de deuda próximos que aumentan la urgencia de financiamiento externo.
Reservas, vencimientos y una economía presionada
Informes periodísticos y fuentes oficiales coinciden en que Bolivia recibe la nueva administración con reservas utilizables muy bajas y una presión cambiaria que ya afectó el abastecimiento de combustibles y la estabilidad de precios. Analistas y actores financieros han señalado que el país enfrenta vencimientos de deuda relevantes en 2026, lo que hace imperativo un plan de financiamiento externo claro y rápido para evitar una crisis de liquidez.
Para los inversores, un acuerdo con el FMI sirve como señal de compromiso con políticas macroeconómicas creíbles y con programas de consolidación fiscal y acumulación de reservas. El nuevo Ejecutivo ha sostenido contactos preliminares con el organismo y, según declaraciones públicas del propio FMI, existe disposición para dialogar sobre reformas que permitan estabilidad y acceso a recursos condicionales. La combinación de apoyo técnico y líneas de crédito multilateral podría reducir el riesgo país y el costo del servicio de deuda externa si se estructura de manera transparente y con metas claras.
Riesgos y limitaciones de la agenda rápida
No obstante, los márgenes para negociar son estrechos. Un programa con el FMI generalmente exige medidas de consolidación fiscal y ajustes que pueden generar resistencia política y social; además, la fragmentación legislativa y la falta de mayoría del Ejecutivo podrían dificultar aprobaciones rápidas de reformas estructurales. A la vez, el calendario de pagos externos y la presencia de acreedores oportunistas elevan la necesidad de acuerdos técnicos precisos para evitar soluciones parciales que no resuelvan el déficit de reservas.
Impacto regional y en el sector privado
En el plano regional, la búsqueda de un acuerdo con el FMI coloca a Bolivia en la senda seguida por otros países que han optado por apoyos multilaterales para restaurar la confianza financiera tras episodios de fuga de capitales. Para el sector privado boliviano, un entendimiento con el FMI y el acceso a financiamiento multilateral pueden significar menores costos de crédito y mayor previsibilidad en importaciones críticas (combustibles, insumos industriales), siempre que las medidas se acompañen de políticas que protejan la inversión productiva.
La decisión de buscar un acuerdo con el FMI antes de marzo es coherente con la prioridad inmediata de restaurar liquidez y confianza en un país con reservas escasas y obligaciones de pago inminentes. Sin embargo, la sostenibilidad de cualquier avance dependerá de la capacidad del gobierno para negociar condiciones que equilibren la consolidación fiscal con medidas de protección social y estímulo a la producción. Un acuerdo técnico y bien calibrado puede reducir el costo del financiamiento soberano y abrir líneas multilaterales, pero su éxito exigirá señales claras de gobernabilidad, transparencia en el uso de recursos y un programa creíble de fortalecimiento de reservas.
