América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación .

Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020 El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010 El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020 Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: Conciliar los intereses de todas las partes; Contextualizar para adaptar a las circunstancias; Compensar a los más afectados por las reformas; y Comunicar bien el impacto de las mismas.

La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación. El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.