El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, rechazó el lunes la posición de los Empresarios Privados de Bolivia que acusaron al Gobierno de incumplir el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referida a la negociación del incremento salarial, y aseguró que ese acuerdo se cumple en apego a la Constitución Política del Estado.
El ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, rechazó el lunes la posición de los Empresarios Privados de Bolivia que acusaron al Gobierno de incumplir el Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), referida a la negociación del incremento salarial, y aseguró que ese acuerdo se cumple en apego a la Constitución Política del Estado.
«Queremos desvirtuar totalmente lo que dicen los empresarios privados, nosotros lo que garantizamos claramente del convenio 131 es su esencia, que los trabajadores no deben tener remuneraciones indebidamente bajas», explicó a los medios estatales.
La OIT instó el pasado fin de semana al Gobierno a que tome en cuenta a los empresarios para establecer el salario de los trabajadores, en el marco de la Convención 131, y concretar un diálogo tripartito.
El convenio 131 de la OIT establece que cada país debe fijar un salario mínimo para garantizar un trabajo digno a los trabajadores.
Hinojosa dijo que si bien el convenio sugiere que debe haber consultas con los principales actores del marco social, no señala que debe ser tripartito, como interpretan los empresarios.
«Este convenio no puede estar por encima de la Constitución Política del Estado, la CPE define que es el Gobierno, el Estado, el que fija el incremento salarial, el que fija las políticas salariales», refrendó.
El Ministro de Trabajo recordó que el Gobierno dialogó con los empresarios privados, sectores laborales, dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), por separado, para establecer un incremento salarial de 5,5% al haber básico y 3% al mínimo nacional.
«El Estado cumple a cabalidad precisamente el convenio que hemos firmado con la OIT, eso debe quedar claro, eso significa que los empresarios privados deben admitir que el Estado está fijando un salario mínimo, precisamente atendiendo que en nuestro país debe existir un trabajo digno», reiteró.
Lamentó que en los últimos años la comisión de la OIT emita observaciones de carácter político y recordó que en los pasados años, el Gobierno denunció que ese organismo internacional «estaba haciendo política».