La reactivación legislativa de un impuesto del 4,8 % a la comercialización del oro producido por cooperativas mineras reabre el debate sobre la base tributaria en Bolivia. La medida surge en un momento de alta dependencia del metal en exportaciones y de estrechez fiscal estructural.
Reactivación de un impuesto en un sector clave
El tratamiento legislativo del denominado Impuesto Consolidado al Oro, con una alícuota del 4,8 % sobre la comercialización del metal, fue reactivado en la Cámara de Diputados, generando rechazo del sector cooperativista aurífero, que exige su archivo.
La iniciativa busca crear un esquema tributario específico para el oro producido por cooperativas, un segmento que actualmente no paga el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas y aporta principalmente una regalía minera del 2,5 % sobre el valor bruto de producción.
El debate se produce en un contexto donde el oro metálico se ha convertido en uno de los principales productos de exportación de Bolivia, con ventas externas superiores a 3.000 millones de dólares anuales en los últimos años, impulsadas por altos precios internacionales y expansión de la producción cooperativizada en el norte de La Paz.
Presión fiscal y equidad tributaria en minería
La reactivación del proyecto ocurre en paralelo a la búsqueda gubernamental de ampliar la base tributaria ante la caída de ingresos por hidrocarburos y el persistente déficit fiscal.
El diferencial tributario entre minería cooperativista y minería privada o estatal ha sido señalado por analistas como un factor de inequidad fiscal y de limitada captación de renta minera, especialmente en un sector con alto dinamismo exportador.
La resistencia del cooperativismo aurífero introduce un componente político y social relevante, dado su peso económico y capacidad de movilización, lo que convierte el debate tributario en un tema de gobernanza sectorial además de política fiscal.
Implicaciones macroeconómicas y externas
El peso del oro en las exportaciones bolivianas ha aumentado en paralelo a la declinación estructural del gas natural, modificando la composición de la balanza comercial y la fuente de divisas del país.
En un entorno de reservas internacionales restringidas y dependencia creciente de activos auríferos, la tributación del sector adquiere relevancia macroeconómica, ya que incide directamente en la captación fiscal de una de las principales actividades generadoras de divisas.
La discusión sobre el impuesto también se vincula a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bolivia acumula más de una década de déficits fiscales consecutivos y ha recurrido crecientemente a recursos internos y al oro para sostener liquidez y estabilidad cambiaria, según informes oficiales recientes del banco central.
Relevancia estratégica para Bolivia
El intento de gravar con mayor intensidad la comercialización aurífera refleja el desplazamiento estructural del eje extractivo boliviano desde hidrocarburos hacia minería metálica, particularmente oro cooperativizado.
La medida apunta a capturar mayor renta de un sector con alto valor exportador y baja presión tributaria relativa, lo que tiene implicaciones directas en la recaudación, el déficit y la sostenibilidad fiscal. Al mismo tiempo, el conflicto con cooperativas evidencia la complejidad de reformar la tributación minera en un país donde el cooperativismo constituye un actor económico y político central.
La reactivación del impuesto al oro confirma que la política fiscal boliviana se orienta hacia la minería aurífera como nueva fuente estructural de ingresos ante la declinación hidrocarburífera. La capacidad del Estado para ampliar la base tributaria en este sector definirá en gran medida el margen fiscal y externo del país en el actual ciclo de restricción de divisas.
