La Fundación Jubileo alertó que la caída sostenida de la producción de gas natural en Bolivia, acentuada por el desvío de gas licuado de petróleo hacia mercados ilegales, está profundizando tensiones en el abastecimiento doméstico y obliga al país a considerar la importación de GLP desde 2026. El fenómeno tiene implicaciones sobre la balanza de pagos, los subsidios y la política energética.

Producción de gas y oferta de GLP en declive

Según la Fundación Jubileo, la producción de gas natural en Bolivia ha caído aproximadamente 52% en la última década, reduciendo la disponibilidad de GLP derivado de su procesamiento y complicando el equilibrio entre oferta y demanda interna. Esta caída estructural se refleja en reportes de provisión insuficiente y en un uso creciente de recursos importados en economías comparables de la región, dado que la producción interna pierde competitividad relativa frente a precios internacionales.

La reducción de la producción tiene efectos encadenados en otros segmentos de la economía. Con menor oferta de gas, también disminuye la capacidad de producción de GLP, un combustible crítico para el uso residencial y algunos procesos productivos. Datos de distribución estatal muestran que, aunque YPFB mantiene un despacho significativo de hasta 152.000 garrafas diarias, persisten filas y restricciones en algunos puntos de venta, lo que evidencia que la producción interna no está alineada con la demanda real.

Contrabando y presión sobre el mercado interno

Un factor que agrava la tensión del mercado es el contrabando de GLP hacia países vecinos, incentivado por la diferencia de precios. En Bolivia, la garrafa de 10 kilos se comercializa alrededor de Bs 22,50 bajo un esquema de subsidio estatal, mientras que en mercados de frontera el precio puede superar los Bs 100 o incluso los Bs 140 en términos internacionales, según analistas de la Fundación Jubileo.

Este arbitrage de precios genera incentivos para la salida ilegal de GLP, reduciendo la oferta disponible para consumo interno en Bolivia y distorsionando los mecanismos de mercado. El fenómeno recientemente ha sido observado también en zonas fronterizas, donde existen filas prolongadas y presión sobre la logística de distribución.

Implicaciones para la política fiscal y la balanza de pagos

La perspectiva de importar GLP marca un punto de inflexión en la política energética boliviana. La importación de combustibles, tradicionalmente exportados, tendría un impacto directo sobre la balanza comercial y las reservas internacionales, al requerir mayores desembolsos de divisas. Según estimaciones de analistas, el costo anual de importar GLP podría ascender a decenas de millones de dólares, un monto significativo para una economía con restricciones externas y presión sobre el tipo de cambio.

Además, el mantenimiento de subsidios universales, sin mecanismos de focalización, implica un costo fiscal elevado que puede competir con otros usos prioritarios del presupuesto. Consultores internacionales han señalado que subsidios a combustibles representan una carga sustancial sobre la capacidad de inversión pública en infraestructura y servicios sociales, incluso cuando persisten desequilibrios de producción nacional.

Desafíos para la política energética

La convergencia de producción decreciente, contrabando y subsidios genera un desafío para la política energética boliviana. En un marco macroeconómico en que la estabilidad cambiaria y fiscal es prioritaria, el sector energético —y en particular el mercado de GLP— necesita ajustes técnicos que equilibren sostenibilidad fiscal sin comprometer la protección de los hogares vulnerables que dependen intensamente del GLP para cocción y calefacción.

La advertencia de la Fundación Jubileo evidencia que el mercado de GLP en Bolivia se encuentra en una encrucijada entre mantener subsidios domésticos y responder a realidades de producción y mercados fronterizos. Desde un enfoque económico, la posible necesidad de importar GLP no solo señala una debilidad estructural en la oferta energética, sino que plantea la urgencia de políticas de ajuste que armonicen la estabilidad fiscal con la seguridad energética. La gestión de este equilibrio será clave para la competitividad macroeconómica y la cohesión social en un contexto de restricciones externas crecientes.