El Gobierno informó un ahorro fiscal de aproximadamente US$240 millones en apenas 22 días desde la eliminación del subsidio a los combustibles, medida que forma parte de una estrategia más amplia para reordenar el gasto público y afrontar presiones fiscales y de reservas internacionales. La iniciativa se da en paralelo a tensiones sociales que han generado bloqueos y afectaciones logísticas, con implicaciones para la inflación y las cadenas de suministro.

Contexto económico y marco de la medida

El Gobierno del presidente Rodrigo Paz implementó el Decreto Supremo 5503 en diciembre de 2025, eliminando el subsidio a combustibles que existía desde hace dos décadas y que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, representaba alrededor del 3.9 por ciento del PIB en 2024 en costos fiscales explícitos e implícitos.

La medida duplicó el precio de la gasolina y triplicó el diésel en el mercado interno, ajustando los precios al entorno de referencias internacionales y encaminando la política energética hacia una estructura de precios más eficiente desde la perspectiva fiscal.

Efectos fiscales y prioridades macroeconómicas

La liberación de recursos fiscales a partir de la eliminación del subsidio a combustibles brinda un alivio considerable en un contexto de estrechez financiera. De acuerdo con análisis del FMI, los subsidios energéticos en Bolivia ejercían presión sobre las finanzas públicas y contribuían a la reducción de las reservas internacionales, problemáticas que la reforma busca mitigar.

La medida forma parte de una respuesta integral a desafíos estructurales de la economía boliviana, incluidos déficits fiscales persistentes y limitaciones en la acumulación de reservas. La reasignación de los recursos ahorrados podría ampliar inversiones en infraestructura logística y energética, con impacto potencial en la eficiencia del comercio interno y el posicionamiento competitivo del país en la región.

Impactos en precios y demanda

La eliminación del subsidio ha tenido efectos directos en los precios de combustibles y en los costos de transporte. Informes nacionales reflejan una reducción en la demanda interna de diésel de hasta un 50 por ciento tras el ajuste de precios, lo que indica un cambio en el patrón de consumo energético y una menor presión sobre la balanza comercial de hidrocarburos.

Este ajuste puede traducirse en una reconfiguración de los costos de producción y transporte en varios sectores productivos, incluidos agroindustrial y manufacturero, con repercusiones en la inflación de bienes finales. Un mayor costo de los combustibles tiende, por su naturaleza, a filtrarse a los costos de transporte y, en consecuencia, a los precios de una canasta amplia de bienes y servicios. Este efecto requiere ser monitorizado por los responsables de política monetaria para calibrar las respuestas del Banco Central de Bolivia ante posibles presiones inflacionarias secundarias.

Riesgo país y clima de inversión

La decisión de eliminar subsidios se enmarca en un esfuerzo por fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la percepción de riesgo financiero del país ante inversores. La consolidación de finanzas públicas más ordenadas puede traducirse en una mejora de las métricas de sostenibilidad de deuda y mayor atractivo de Bolivia para capitales extranjeros, especialmente en sectores energéticos y de infraestructura.

No obstante, la medida ha provocado tensiones sociales y bloqueos que han afectado la movilidad de bienes y servicios. La respuesta institucional a estos desafíos es un factor crítico en la evaluación de riesgo país por parte de agencias calificadoras y fondos de inversión. La estabilidad política y la predictibilidad de políticas económicas son variables clave en la decisión de asignación de capitales externos.

La eliminación de subsidios a combustibles representa un ajuste significativo en la política económica de Bolivia, con impactos relevantes para la sostenibilidad fiscal, la estructura de precios domésticos y la inserción regional en un contexto de mercados globales. La reasignación de recursos fiscales a inversión pública y proyectos de desarrollo es una respuesta técnica a limitaciones de gasto. Sin embargo, la efectividad de esta estrategia dependerá de la capacidad institucional para gestionar la transición, equilibrar presiones inflacionarias y consolidar canales de diálogo que reduzcan tensiones sociales sin sacrificar la credibilidad económica del país en escenarios internacionales.