El diagnóstico actual de la economía boliviana

La economía de Bolivia se encuentra en una situación que múltiples analistas describen como delicada y con riesgo de profundizarse si no hay un cambio de rumbo inmediato en la política económica. El país enfrenta simultáneamente escasez de dólares, problemas de abastecimiento de combustibles, elevados déficits fiscales y una caída sostenida de la producción interna, que juntos configuran una mezcla de desequilibrios macroeconómicos severos.

El Banco Central de Bolivia (BCB) se reporta sin liquidez operativa significativa y con reservas internacionales líquidas reducidas a niveles críticos después de años de políticas expansivas que no lograron generar un crecimiento sostenible. En paralelo, el ingreso por la exportación de hidrocarburos, principal motor de divisas, ha caído notablemente en la última década, reduciendo la capacidad del país para financiar importaciones y mantener estabilidad cambiaria.

De acuerdo con el Colegio de Economistas de Tarija, la inflación, que cerró 2024 en casi 10 %, podría situarse entre 22 % y 25 % en 2025 sin medidas de estabilización eficaces, mientras la deuda pública se aproxima al 90 % del PIB y el déficit fiscal históricamente supera el 10 % del producto durante más de una década.

Este diagnóstico se alinea con proyecciones internacionales recientes que muestran un crecimiento económico muy bajo o incluso negativo para los próximos años. Informes del Banco Mundial sugieren tasas negativas de crecimiento o recesión prolongada hasta 2027, reflejando una contracción de la actividad productiva y presiones inflacionarias persistentes.

Factores estructurales y desequilibrios acumulados

La convergencia de desequilibrios fiscales, externos y monetarios constituye un riesgo sistémico si no se atiende con políticas coordinadas. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido sobre la necesidad de ajustes urgentes para corregir desequilibrios fiscales, un tipo de cambio sobrevaluado y un nivel de reservas internacionales críticamente bajo, buscando evitar un ajuste desordenado que podría tener efectos adversos sobre el empleo y la actividad económica.

El déficit fiscal prolongado ha sido financiado a través de deuda interna, monetización y emisión de títulos públicos, lo que ha aumentado las presiones inflacionarias y limitado la capacidad del BCB para actuar de forma independiente en materia monetaria, reduciendo gradualmente los márgenes de maniobra macroeconómica.

La situación de Bolivia no es única en América Latina, pero su severidad destaca en una región donde muchas economías enfrentan deceleración y desafíos postpandemia. Sin embargo, la combinación de déficits fiscales crónicos, inflación elevada y reservas mínimas coloca al país en una posición particularmente vulnerable. Las decisiones de política que se tomen en los próximos meses serán determinantes para evitar un empeoramiento de las condiciones económicas y sociales.

La falta de divisas y el deterioro de las cuentas externas reducen la competitividad del país y pueden acabar afectando la inversión extranjera y los flujos de capital, factores cruciales para el crecimiento sostenible.

El momento exige una acción decidida y articulada entre el Gobierno, el Banco Central y actores privados. Un enfoque integral que incluya disciplina fiscal, fortalecimiento de reservas, gestión prudente del tipo de cambio y estímulo a la producción interna es indispensable. Sin un giro macroeconómico estructural y sin restaurar la credibilidad de las instituciones económicas, Bolivia corre el riesgo de perder competitividad y enfrentar un crecimiento insignificante o negativo en el mediano plazo. La urgencia de un plan creíble de reformas no es solamente técnica, sino estratégica para sostener la cohesión social y la capacidad productiva del país.