En enero de 2025 el Ejecutivo aprobó un decreto que destinó 528 millones de bolivianos para subvencionar siete productos e insumos: harina, manteca, levadura y azúcar para panificadores, y maíz, arroz y trigo para lechería, ganadería y avicultura. La implementación se canalizó a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos Emapa.

Operación y volúmenes verificables

Emapa reportó planes de acopio de 295.000 toneladas de maíz, trigo y arroz para 2025, con cantidades específicas previstas por cultivo: 65.000 toneladas de maíz, 80.000 toneladas de arroz y 150.000 toneladas de trigo. Esos volúmenes forman parte de las acciones para asegurar abastecimiento interno.

El propio gerente de Emapa señaló que la subvención a la harina supera el 1.000 millones de bolivianos al año, y la empresa efectuó compras para atender cupos de panificadores en principales ciudades. En registros de contratación y reportes de prensa se consigna además que, entre agosto de 2024 y abril de 2025, Emapa gastó 107,5 millones de bolivianos en la adquisición de harina para panificadores.

Hallazgos de auditoría y control institucional

La auditoría inicial de la intervención gubernamental a Emapa detectó un presunto daño económico de 95,5 millones de bolivianos, según el Ministerio de Desarrollo Productivo. El informe preliminar menciona pagos por trabajos no realizados, alquileres no utilizados y compras cuestionadas; las autoridades anunciaron acciones legales y la continuidad de las indagaciones.

Coberturas oficiales registraron variaciones a la baja en precios de algunos alimentos básicos en mercados urbanos durante 2025. Por ejemplo, sondeos oficiales y de prensa reportaron descensos en el precio del kilo de carne de pollo en ciudades como La Paz y El Alto en distintos periodos del año, con registros desde 15 hasta 28 bolivianos el kilo según mercado y fecha.

Se puede ver una política pública con tres dimensiones: asignación presupuestaria inicial dirigida a productos clave, operación por Emapa con volúmenes de acopio elevados y un costo recurrente importante en la subvención de insumos como la harina. Paralelamente, la auditoría parcial que identifica un daño por 95,5 millones de bolivianos subraya la necesidad de controles adicionales en la ejecución. La evidencia disponible sugiere que asegurar abastecimiento y moderar precios requiere mecanismos de focalización, transparencia en compras y auditoría continua para garantizar sostenibilidad fiscal sin sacrificar acceso alimentario. Las decisiones futuras deberán basarse en datos de ejecución y en auditorías completas para evitar costos no previstos y mejorar eficiencia en la entrega de subsidios