El Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 avanza contra el tiempo mientras el Gobierno busca reorganizar el gasto, aplicar austeridad y asegurar financiamiento para cubrir un déficit fiscal superior a Bs 43.600 millones. El elevado peso del gasto corriente y la reducción de la inversión pública marcan el desafío central de la reconstrucción financiera del país.
Reconstrucción fiscal bajo presión
El PGE 2026 proyecta ingresos por Bs 180.932 millones y gastos por Bs 224.608,5 millones, generando un déficit estimado de Bs 43.676,5 millones, según datos difundidos por Vision 360 con base en el proyecto oficial. Este desequilibrio condiciona la capacidad del Estado para ejecutar políticas públicas y obliga a priorizar medidas de austeridad mientras se busca financiamiento para cerrar la brecha.
La estructura del gasto continúa siendo un foco de preocupación. De acuerdo con la Agencia de Noticias Fides (ANF), el 64 % del PGE consolidado está destinado al gasto corriente, lo que limita el margen para impulsar inversión, innovación o modernización institucional. La inversión pública, además, ha vuelto a reducirse: en 2026 se prevén Bs 23.666 millones, cifra menor a la de gestiones anteriores.
En paralelo, algunos analistas consideran que las cifras oficiales sobre crecimiento y déficit son optimistas. El diputado José Luis Porcel señaló que el PGE debe ajustar varias partidas para reducir riesgos y enfrentar con mayor solidez la coyuntura económica.
El desafío de financiar el déficit y ordenar el gasto
El Ministerio de Economía confirmó que la reconstrucción del presupuesto se enfrenta a plazos ajustados y que se prepara una revisión integral del gasto. La administración trabaja en una “expresión financiera viable a mediano plazo”, centrada en austeridad, reorganización institucional y búsqueda de financiamiento adicional.
Cerrar un déficit de esta magnitud obligará al Estado a recurrir a varias fuentes de financiamiento, mientras avanza en la revisión de la estructura de gasto corriente. Especialistas coinciden en que una reducción de la burocracia estatal o la reasignación de partidas podría liberar recursos para sectores productivos, aunque dichas decisiones requieren evaluaciones técnicas y acuerdos políticos.
El PGE 2026 se convierte en un test de credibilidad fiscal para Bolivia. El equilibrio entre austeridad, financiamiento y reordenamiento del gasto será determinante para recuperar la confianza de inversionistas, organismos multilaterales y sectores empresariales. Si el país logra traducir este proceso en una reestructuración sostenida, el presupuesto podría sentar bases para una mayor estabilidad macroeconómica; si no, el peso del déficit seguirá limitando el margen de maniobra del Estado en los próximos años.
