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Bolivia evalúa importar crudo y activar sus refinerías para reducir la factura de combustibles

Bolivia evalúa importar crudo y activar sus refinerías para reducir la factura de combustibles

Sectores industriales y gremios petroleros piden importar crudo y elevar la utilización de las refinerías nacionales para producir diésel y gasolina. El argumento central es económico: con la capacidad instalada disponible, Bolivia podría recortar hasta la mitad el gasto en la compra de derivados en el exterior, pero la operación enfrenta limitaciones técnicas, logísticas y de provisión de materia prima.

Refinerías con capacidad ociosa y una factura de importación elevada

Las dos principales refinerías estatales, Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell —Palmasola  suman en torno a 64.000 barriles por día (BPD) de capacidad nominal, pero operan muy por debajo de ese techo, con niveles de refinación cercanos al 30% de la capacidad instalada. Los técnicos del sector estiman que, con el crudo adecuado, la utilización podría elevarse hasta 60.000 BPD, reduciendo fuertemente la necesidad de importar combustibles.

Entre enero y junio de 2025 Bolivia destinó miles de millones de dólares a la importación de diésel y gasolina; solo la primera mitad del año implicó desembolsos superiores a 1.500 millones de dólares según registros oficiales y reportes locales, lo que explica el interés por alternativas domésticas de refinación.

¿Es viable traer crudo del exterior y refinarlo aquí?

Expertos en hidrocarburos consultados por la prensa señalan que la factibilidad técnica existe pero que la viabilidad económica y logística requiere análisis profundos. La refinería Gualberto Villarroel, por su diseño, admite una amplia gama de crudos y puede producir diésel, gasolina y otros derivados con calidad comercial; Palmasola, en cambio, está más orientada a crudos livianos. Realizar pruebas con crudos importados —primero de Argentina y luego de Brasil o terceros países— aparece como una opción práctica, aprovechando ductos y rutas ya existentes, aunque a costos que deben ser cuantificados.

Los exministrs y analistas advierten que la reversión o rehabilitación de infraestructuras (como oleoductos y poliductos) implicaría inversiones significativas; en algunos casos los costos de obra podrían hacer inviable la operación frente a la importación directa de derivados ya procesados. Además, existen tensiones de interés entre actores privados  y el Estado, que configuran un riesgo político y operativo para cualquier cambio drástico.

La dinámica energética regional condiciona las opciones bolivianas. Argentina, que desarrolla volúmenes crecientes en Vaca Muerta, y Brasil —con incrementos de producción en algunas zonas— son candidatos naturales para suministrar crudo o gas; a la vez, el mercado global ofrece proveedores lejanos (incluidos navieras desde Rusia u otros productores) con implicaciones logísticas y comerciales distintas. En 2025 ya se registraron envíos extraordinarios de combustibles a Bolivia desde proveedores internacionales para mitigar la escasez, ilustrando la dependencia externa actual.

Impacto económico: ahorros potenciales y límites reales

Los cálculos de gremios y sectores técnicos sostienen que refinar crudo en el país podría reducir cerca del 50% del costo que hoy representa la compra de combustibles importados una cifra que, de confirmarse, aliviaría de manera directa la presión sobre las reservas y la balanza comercial. Sin embargo, especialistas subrayan que los márgenes de refinación deben ser determinados por el mercado y que los plazos para que un esquema de importación de crudo y mayor refinación sea autosostenible son del orden de una década si la meta es recuperar producción doméstica de hidrocarburos.

La propuesta de importar crudo para alimentar las refinerías nacionales responde a una lógica económica comprensible: aprovechar capacidad ociosa para reducir la alta factura por compra de derivados. No obstante, la evidencia reunida indica que la iniciativa es más una opción estratégica que una solución inmediata. Su éxito dependerá de decisiones técnicas rigurosas, inversión sostenida y coordinación internacional. Para Bolivia, la alternativa tiene el potencial de reducir costos y mejorar seguridad energética si se concreta con criterios de mercado y planificación a mediano y largo plazo; de lo contrario, corre el riesgo de replicar errores del pasado y de generar tensiones domésticas que perjudiquen la transición energética que el país necesita