Un análisis reciente identifica tres ejes fundamentales para que Bolivia supere su crisis económica: estabilización macroeconómica, diversificación productiva y reforma fiscal. Instituciones internacionales coinciden en que el modelo actual, basado en hidrocarburos y gasto expansivo, enfrenta límites crecientes.
Bolivia llega a una encrucijada económica. Las proyecciones para 2025 muestran que el crecimiento se encuentra estancado por debajo del promedio regional, mientras la producción de gas natural, una de las principales fuentes de divisas, ha retrocedido sustancialmente y las reservas internacionales operativas disminuyen rápidamente. La misión del International Monetary Fund (IMF) para el país advirtió recientemente que el modelo actual, sin reformas estructurales, es insostenible: las reservas utilizables podrían acercarse a cero y cualquier choque externo podría desencadenar una depreciación brusca del tipo de cambio y un ajuste desordenado.
En ese escenario, expertos coinciden en que Bolivia debe atender al menos tres pilares estructurales. Primero, la estabilización macroeconómica, lo que implica consolidación fiscal, fortalecimiento de las reservas externas y liberación de caminos para el financiamiento externo. Segundo, la diversificación productiva y exportadora, estimulando sectores de mayor valor agregado más allá de la renta hidrocarburífera e impulsando la complejidad económica según trabajos del World Bank y otros centros de investigación. Tercero, la reforma fiscal, que requiere tanto racionalizar el gasto como ampliar la base tributaria, reducir subsidios costosos y desplazar la economía hacia un modelo de productividad sostenible.
Este enfoque responde no solo a razones internas, sino también al entorno global. América Latina enfrenta una competencia creciente en materias primas, tecnología e inversión extranjera; por lo tanto, el diseño económico de Bolivia debe alinearse con cadenas globales de valor, atraer capital humano especializado y certificar productos para mercados exigentes. La falta de reformas podría significar que el país quede rezagado frente a vecinos como Chile, Perú o Paraguay, que ya avanzan hacia economías más diversificadas.
El desafío para la próxima administración es mayúsculo. Tiene el peso de ejecutar decisiones que trasciendan el ciclo electoral y se inserten en un plan de largo plazo. De lo que se decida ahora dependerá el acceso al financiamiento internacional, la credibilidad frente a los mercados y la capacidad del país para transitar hacia un nuevo ciclo de crecimiento, donde la estabilidad externa y la productividad transformen el modelo económico vigente.
