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Nueva ley contra el abigeato impulsa mayor seguridad para el sector ganadero boliviano

Nueva ley contra el abigeato impulsa mayor seguridad para el sector ganadero boliviano

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó modificar la Ley 1102 para elevar las penas por abigeato de 4 a 8 años de prisión, una medida que busca frenar pérdidas millonarias en el sector ganadero y traer seguridad jurídica a los productores.

La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados de Bolivia aprobó por unanimidad el proyecto de ley N.º 553/2024-2025, que modifica la Consejo Nacional de Lucha contra el Abigeato (CONALCABI) y eleva las sanciones penales para abigeatistas de 4 a 8 años de prisión. Este delito, que abarca el robo y faena clandestina de ganado bovino, ovino, caprino y otras especies, genera pérdidas significativas para productores de todos los tamaños.

De acuerdo con datos presentados durante la sesión parlamentaria, el abigeato afecta a más de 7.000 denuncias al año y un valor estimado superior a los US$ 5 millones anuales para la ganadería nacional.

Impacto económico directo sobre la inversión y la exportación

Reducir el abigeato tiene efectos tangibles en la economía ganadera boliviana. Por un lado disminuye el costo operativo y los riesgos financieros de los productores, permitiéndoles planificar inversiones en genética, infraestructura, maquinaria y mejora de la productividad. Por otro lado, contribuye a generar un entorno más seguro para atraer capital privado y crédito rural, lo que incrementa la escala productiva y la posibilidad de exportación.

En un país donde la ganadería bovina y otros subsectores animales juegan un rol clave en empleos, comercio interno y divisas por exportaciones, el freno al abigeato mejora la competitividad del sector, reduce la informalidad y fortalece los eslabones de valor agrícola-ganaderos relacionados.

Condiciones para que la norma logre sus objetivos

La aprobación del proyecto en comisión representa un avance normativo, pero su eficacia dependerá de la implementación efectiva: la capacidad judicial para procesar y sancionar casos, la articulación entre autoridades de producción, justicia e instituciones agropecuarias, y la protección de la propiedad privada y los derechos de los productores.

Asimismo, la ganadería de alto valor genética está particularmente expuesta al abigeato, pues los animales pueden valer decenas de miles de dólares. Un solo caso mal protegido afecta no solo producción inmediata, sino inversiones de largo plazo en genética y negocios internacionales.

Para los productores pequeños y medianos, la ley puede representar una señal de respaldo estatal, lo que mejora su confianza para acceder a créditos o asociarse con industrias que requieren estándares productivos más altos.

Panorama general y próximos pasos

Con la ganadería afrontando escenarios de inflación en insumos, costos logísticos crecientes y competencia internacional más fuerte, la nueva ley aparece como una herramienta esencial para que el sector no solo se defienda del delito, sino crezca de forma organizada y rentable.

La norma ahora debe pasar al pleno de la Cámara de Diputados y luego al Senado para su aprobación final. El sector productivo observa con atención este trámite normativo, confiando en que la ley también sea acompañada por recursos para fiscalización y control eficientes.