Un informe de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito revela que países como Venezuela, Haití y Nicaragua encabezan la lista de los más vulnerables al comercio ilícito en América Latina. Este fenómeno afecta la recaudación fiscal, distorsiona mercados y amenaza la estabilidad económica regional.
Vulnerabilidad creciente en la región
El reporte de TRACIT, difundido por Bloomberg Línea, advierte que el comercio ilícito de tabaco, alcohol, combustibles y productos falsificados ha ganado terreno en varios países de la región. Venezuela lidera la lista de vulnerabilidad, seguida por Haití y Nicaragua, debido a la debilidad institucional, altos niveles de corrupción y la expansión de mercados paralelos.
Otros países como Guatemala, El Salvador y México también aparecen en posiciones críticas, lo que refleja que el problema no se limita a economías pequeñas, sino que impacta en diferentes niveles de desarrollo.
Impacto económico directo
El comercio ilícito no solo fortalece a redes criminales, sino que provoca pérdidas millonarias en ingresos fiscales. Según estimaciones de organismos multilaterales, América Latina pierde cada año decenas de miles de millones de dólares por contrabando y evasión de impuestos.
Además, sectores productivos como el farmacéutico, textil y agrícola enfrentan competencia desleal, lo que limita su capacidad de crecimiento, desalienta inversiones formales y genera menor generación de empleo de calidad.
Riesgos para la estabilidad macroeconómica
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que la violencia y el crimen organizado asociados al comercio ilícito pueden reducir hasta en un 3,5% el PIB regional. Este costo incluye mayores gastos en seguridad, reducción de la inversión extranjera y el debilitamiento de la confianza empresarial. En países como Bolivia, aunque la vulnerabilidad no alcanza los niveles de los más críticos, la presión del contrabando y de mercados informales sigue representando un desafío para la estabilidad fiscal y para la competitividad de los productores nacionales.
El comercio ilícito se ha consolidado como una amenaza estructural para las economías de América Latina. Más allá de la pérdida de recaudación, sus efectos se sienten en la productividad, el empleo y la capacidad de los Estados para financiar políticas públicas. El fortalecimiento institucional y una mayor cooperación regional aparecen como medidas indispensables para reducir el impacto de esta práctica en la economía formal.
