El comercio ilegal tensiona el mercado de alimentos esenciales

Bolivia enfrenta una nueva expresión de vulnerabilidad económica: el contrabando inverso de alimentos. Según datos del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, en lo que va del año se han realizado 6.396 operativos que resultaron en la incautación de productos básicos como huevo, carne de res, pollo, cerdo, aceite, azúcar, maíz, combustibles y cabezas de ganado. Estas acciones confirman un fenómeno creciente que afecta tanto a la oferta interna como a la estabilidad de precios en el país.

Los productos incautados tenían como destino países vecinos, donde su venta representa una oportunidad de lucro debido a los precios más altos o la escasez. Esta salida irregular de bienes, muchos de ellos subsidiados, compromete el abastecimiento nacional y eleva los riesgos de inflación en los sectores más sensibles del consumo doméstico. La carne y el huevo son particularmente críticos en la canasta familiar, por lo que su reducción en el mercado interno afecta directamente al costo de vida.

Impacto económico en la producción y el consumo

El contrabando inverso no solo representa una pérdida fiscal para el Estado por la evasión de tributos, sino que también impone distorsiones en la cadena productiva nacional. Cuando los alimentos producidos localmente no abastecen el mercado interno por la fuga ilegal, los precios tienden a subir, lo que genera presión sobre los consumidores y obliga a los productores a reajustar volúmenes y estrategias de comercialización.

Además, la salida no controlada de productos esenciales reduce los márgenes de los actores formales que sí cumplen con las normas fiscales y sanitarias. Esto agrava el contexto para las micro y pequeñas empresas del sector alimentario, que ya enfrentan dificultades por costos de insumos y logística. La competencia desleal del contrabando socava su rentabilidad y limita su capacidad de inversión y expansión.

En términos logísticos, el hallazgo de al menos 23 nuevos pasos fronterizos ilegales según datos oficiales pone en evidencia las debilidades estructurales en el control territorial. La eficacia de los operativos ha evitado una fuga aún mayor de alimentos, pero también refleja la persistencia de redes bien organizadas que aprovechan las brechas institucionales.

Una amenaza persistente para la seguridad alimentaria

Las autoridades reiteran que la lucha contra el contrabando requiere coordinación interinstitucional y una estrategia integral que combine fiscalización, control fronterizo, incentivos a la producción nacional y campañas de concienciación sobre el daño económico que genera el comercio ilegal. El sostenimiento de la seguridad alimentaria nacional dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para proteger su mercado interno de estas prácticas.