En medio de un contexto marcado por el desabastecimiento persistente de combustibles en Bolivia, un estudio conjunto de UTEPSA, el Colegio de Economistas de Santa Cruz y la Cámara de Exportadores (CADEX) pone cifras al malestar social y al perjuicio económico que viven los ciudadanos. Entre el 3 y el 9 de junio, se encuestó a 534 personas que relataron con detalle cómo las filas para conseguir gasolina o diésel están reconfigurando sus rutinas y aumentando sus costos.

El 74 % de los encuestados afirmó haber esperado más de siete horas para abastecerse, y un 71 % reconoció haber gastado más dinero debido a retrasos, gastos imprevistos y compras de emergencia. Pero el impacto no es únicamente financiero: un 43 % señaló que estas circunstancias han generado discusiones o conflictos en sus hogares, mientras que el 75 % indicó experimentar ansiedad, estrés y frustración por la incertidumbre constante.

Costos ocultos: tiempo perdido, logística alterada y producción en riesgo

Los efectos se amplifican cuando se observa el impacto sobre el transporte pesado y la cadena productiva. Según el informe, cada camión paralizado por la falta de combustible genera un perjuicio diario estimado en 250 dólares. Con 444 unidades en espera, el transporte de carga en Santa Cruz estaría afrontando pérdidas mensuales superiores a los USD 3,3 millones, una cifra que amenaza la competitividad regional en exportaciones, agricultura e industria.

Además, se detectaron efectos indirectos sobre la dinámica urbana y la planificación del día a día. Más de la mitad de los encuestados (51 %) comenzó a utilizar medios alternativos como bicicletas, caminatas o autos compartidos. Paralelamente, un 56 % reconoció haber almacenado combustible por miedo al desabastecimiento y otro 56 % –principalmente entre los más jóvenes– consideró recurrir al mercado negro.

Desconfianza y reclamo: percepción ciudadana sobre la gestión de la crisis

El 84 % de los participantes expresó preocupación de que la crisis empeore en las próximas semanas, mientras que el 78 % consideró que las acciones del gobierno han sido insuficientes o poco efectivas. La percepción general apunta a una necesidad urgente de transparencia, previsibilidad y soluciones estructurales en la política energética nacional.

El estudio evidencia que la crisis de combustibles no se limita a los surtidores: afecta a la estructura logística, al tejido social y a la estabilidad emocional de miles de personas en Santa Cruz. La persistencia de este escenario puede derivar en una parálisis productiva con efectos de largo plazo en la economía regional. Frente a esta situación, los expertos urgen a implementar soluciones que garanticen un suministro eficiente, sostenible y libre de interrupciones para salvaguardar tanto el crecimiento económico como la cohesión social.