La economía boliviana enfrenta una crisis de liquidez sin precedentes, agravada por la reciente degradación de su calificación crediticia por parte de Moody’s a ‘Ca’. Esta situación refleja una gobernanza debilitada y una creciente incapacidad para cumplir con las obligaciones financieras, en un contexto de reservas internacionales en mínimos históricos y una fuerte dependencia de importaciones de combustibles. Con elecciones generales programadas para agosto de 2025, el Gobierno actual evita implementar medidas fiscales estructurales, dejando una carga financiera considerable para la próxima administración.​

Moody’s rebaja la calificación de Bolivia a ‘Ca’

La agencia calificadora Moody’s ha reducido la calificación de Bolivia de ‘Caa3’ a ‘Ca’, situándola en el segundo nivel más bajo de su escala, lo que indica un alto riesgo de incumplimiento de pagos. Según Moody’s, esta decisión se debe a una gobernanza muy débil que ha llevado al país a un mayor riesgo de crisis de balanza de pagos y default soberano. La falta de medidas políticas significativas antes de las elecciones de agosto de 2025 agrava la situación, ya que se espera que el Gobierno actual evite decisiones impopulares que podrían afectar su posición electoral.

Reservas internacionales en niveles críticos

Las reservas internacionales netas de Bolivia han caído a niveles alarmantes, con solo $121 millones en divisas líquidas disponibles, según datos del Banco Central de Bolivia. Esta disminución limita la capacidad del país para importar bienes esenciales, incluidos combustibles, lo que ha provocado escasez y largas filas en estaciones de servicio en todo el país.

Impacto en la economía y la población

La escasez de combustibles y la falta de divisas han tenido un impacto directo en la economía boliviana. La inflación ha alcanzado niveles no vistos en más de una década, con un aumento interanual del 10% en 2024, la tercera más alta de Sudamérica. Los precios de los alimentos y otros bienes esenciales han aumentado significativamente, afectando el poder adquisitivo de la población. ​

Con las elecciones generales programadas para agosto de 2025, el Gobierno enfrenta el desafío de implementar medidas fiscales y económicas necesarias para estabilizar la economía sin afectar su posición política. La falta de acción podría dejar una «bomba de tiempo» financiera para la próxima administración, con riesgos significativos de incumplimiento de pagos y una mayor crisis económica.