El gobierno boliviano enfrenta una creciente presión del sector empresarial, que denuncia decisiones unilaterales como el incremento salarial y el freno a exportaciones clave. Productores y gremios alertan que estas políticas podrían intensificar la inflación, aumentar el desempleo y agravar los problemas estructurales del aparato productivo nacional.

Empresarios advierten pérdida de competitividad y señales de desaceleración

La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) expresó su preocupación por la propuesta de incremento salarial impulsada por la Central Obrera Boliviana (COB), que plantea un aumento del 20% al haber básico y del 15% al salario mínimo nacional. Para los empresarios, estas cifras son “desconectadas de la realidad económica del país”.

Jean Pierre Antelo, presidente de Cainco, fue enfático: “Un aumento salarial sin una evaluación técnica ni acuerdo entre partes provocará mayor informalidad, desempleo y un deterioro de la inversión privada”. La institución propuso una alternativa: congelar los salarios tanto del sector público como del privado durante 2025, como una medida de contención ante un escenario económico debilitado. El planteamiento no surge en el vacío. Bolivia cerró 2024 con una inflación acumulada del 3,4%, una escasez creciente de divisas y un déficit fiscal superior al 7% del PIB. En este contexto, los empresarios ven con preocupación cualquier medida que implique mayor presión sobre los costos laborales.

Exportadores critican uso político y restrictivo del comercio internacional

Paralelamente, representantes de los productores agrícolas del oriente boliviano denuncian que el Gobierno solo los convoca para generar titulares, pero no atiende las demandas estructurales del sector. Las restricciones a la exportación de soya, carne y otros productos —implementadas bajo el argumento de garantizar abastecimiento interno— son vistas como una traba injustificada para un sector clave en la generación de divisas.

Mario Moreno, vocero del sector oleaginoso, afirmó que estas medidas “castigan a quienes producen y generan empleo, y terminan beneficiando a países vecinos que compran a precios más competitivos”. Además, advirtió que la falta de incentivos y estabilidad desalienta nuevas inversiones y puede llevar a una pérdida de mercados internacionales construidos durante años. Estas decisiones se producen en un entorno regional donde países como Brasil y Paraguay promueven una política abierta a las exportaciones agrícolas, lo que podría dejar rezagado a Bolivia si persisten las barreras administrativas y la incertidumbre normativa

Analistas independientes apuntan a una posible desaceleración del crecimiento si no se corrigen las señales contradictorias en política económica. La falta de divisas, las trabas a la producción y un mercado laboral golpeado por la inflación y la informalidad podrían configurar un escenario de mayor vulnerabilidad para el segundo semestre de 2025.