La crisis de la cadena oleaginosa en Bolivia marca un punto crítico en el sector agrícola. Según datos del sector sojero, la producción de soya ha caído un 50% en comparación con años anteriores, lo que significa pérdidas aproximadas de 408 millones de dólares. Esta situación, que representa uno de los peores momentos en décadas, ha reducido significativamente el aporte de este cultivo a la economía boliviana, dejando el valor total en 1.200 millones de dólares este año.

El Departamento de Santa Cruz, responsable de más del 70% de la producción nacional, ha sido particularmente afectado, impactando no solo a los pequeños productores, sino también a los grandes exportadores y a la generación de empleos relacionados con el sector.

Factores detrás de la crisis

Entre los principales motivos de la crisis se destacan las condiciones climáticas adversas, especialmente la sequía que golpeó los principales departamentos agrícolas del país. Además, la falta de acceso a tecnología, maquinaria y financiamiento ha limitado la capacidad de recuperación de los pequeños y medianos productores.

En el plano económico, la devaluación de monedas en mercados internacionales, junto con costos crecientes de insumos agrícolas como fertilizantes y semillas, ha puesto al sector en una posición de desventaja. Alfredo Camacho, analista económico, explicó: “La dependencia de exportaciones y el debilitamiento de los mercados internacionales exacerban las pérdidas para Bolivia, siendo necesario diversificar y fortalecer los mercados internos”.

Consecuencias económicas

La crisis en la producción de soya tiene implicaciones más amplias para la economía boliviana. Al tratarse de uno de los principales cultivos de exportación, el déficit afecta negativamente la generación de divisas y pone presión sobre las reservas internacionales. Además, los consumidores nacionales podrían ver incrementos en los precios de productos derivados, como aceites y balanceados.

Los sectores involucrados han solicitado al Gobierno la implementación de políticas de emergencia, como créditos accesibles, subsidios a insumos y mejoras en infraestructura logística, para mitigar los impactos a largo plazo. Mientras tanto, el panorama para el 2024 sigue siendo incierto, con la esperanza puesta en un cambio climático favorable y acciones concretas para fortalecer el sector.