Los agropecuarios expresaron su rechazo a las medidas contempladas en el Presupuesto General del Estado 2025 que buscan intervenir las cadenas productivas. Según un comunicado oficial, estas políticas generan inseguridad en el sector, desaceleran el crecimiento y obligan al país a depender de importaciones para cubrir el consumo interno. Los productores agropecuarios de Bolivia han manifestado su oposición a las disposiciones incluidas en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que contemplan la intervención de las cadenas productivas del sector.

En un comunicado emitido recientemente, el gremio denunció que las restricciones y amenazas que enfrentan han provocado una disminución en la producción nacional, impactando negativamente a miles de familias que dependen de esta actividad económica.

Desde la implementación de políticas restrictivas, como cupos de exportación y bandas de precios, la producción de sectores clave, como arroz y maíz, ha sufrido un retroceso significativo. Según los productores, estas medidas, en lugar de fortalecer la oferta nacional, han derivado en una dependencia creciente de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

El comunicado enfatiza que, aunque las políticas públicas deben combatir la especulación y el contrabando, estas acciones no deben ser ejecutadas a costa de la estabilidad de la producción nacional. «La especulación se combate incrementando la oferta, pero si no hay condiciones para producir, las amenazas no harán aparecer más productos de un momento a otro», señalan. Además, los agropecuarios advirtieron sobre el impacto social de estas medidas, que afecta a más de la mitad de la población boliviana vinculada directamente al sector agrícola, incluyendo transportistas, comercializadores y agroindustriales. Según el gremio, la incertidumbre generada por estas políticas pone en riesgo la sostenibilidad del sector y aumenta los costos de vida para la población.

El pedido a los legisladores es claro: excluir del PGE 2025 las disposiciones que contemplan una intervención indiscriminada. De no hacerlo, los productores advierten que estas acciones podrían marcar un punto de inflexión en la economía nacional, destruyendo las cadenas productivas en desmedro de la población y el desarrollo del país. Con este panorama, el debate en torno al PGE 2025 cobra relevancia no solo para el sector agropecuario, sino también para la economía boliviana en general, donde el equilibrio entre políticas públicas y desarrollo productivo será clave para el futuro del país.