El Gobierno boliviano, en coordinación con sectores empresariales, implementará medidas excepcionales para enfrentar la escasez de combustibles que afecta al país. A través del Decreto Supremo 5271, se permitirá que empresas privadas importen y comercialicen diésel y gasolina. Esta normativa, de vigencia anual, responde a la necesidad de garantizar el suministro energético para sectores estratégicos como la agroindustria, la minería y el transporte.

Simplificación de trámites y precios regulados

Una de las medidas clave es la creación de una ventanilla única que centralizará y agilizará los procedimientos de importación. Asimismo, se establecerá un precio referencial para garantizar que los costos de comercialización sean competitivos y accesibles. Esta decisión busca incentivar la participación del sector privado en el mercado energético, al tiempo que se mantiene la importación estatal a través de YPFB con precios subvencionados.

El presidente Luis Arce destacó que estas políticas tienen como prioridad asegurar el suministro a los pequeños y grandes productores agrícolas, particularmente en Santa Cruz, región crucial para la producción alimentaria del país. Además, estaciones de servicio y cooperativas podrán participar en la distribución, facilitando el acceso a combustibles en áreas rurales y remotas. José Luis Farah, presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), valoró las medidas como un avance significativo para evitar interrupciones en la cadena productiva. «Este acuerdo nos brinda un respiro en un momento crítico para garantizar la producción de alimentos y el abastecimiento interno», afirmó.

Un cambio estructural en el mercado energético

Con estas reformas, el Gobierno y los empresarios buscan solucionar problemas históricos de abastecimiento que han afectado la estabilidad económica del país. La participación activa del sector privado no solo busca aliviar la presión sobre YPFB, sino también dinamizar el mercado interno con una oferta más diversificada.

La implementación de estas medidas representa un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado para superar desafíos energéticos que impactan directamente en la economía boliviana, mostrando un enfoque pragmático y orientado al desarrollo