El reciente incremento en el precio del petróleo ha generado preocupación a nivel global, especialmente tras el conflicto entre Israel e Irán que amenaza con alterar la estabilidad del mercado energético. Las represalias prometidas por Israel contra Irán, sumadas a los ataques previos en la región, han provocado incertidumbre sobre la seguridad de las principales rutas de suministro de petróleo, como el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. El conflicto ha desatado una serie de tensiones en los mercados internacionales, llevando los precios del petróleo a niveles superiores a los 90 dólares por barril. Esta alza se debe en parte a los riesgos geopolíticos, que incluyen posibles bloqueos en las rutas de transporte y una eventual interrupción del suministro de crudo desde Medio Oriente. Además, la demanda global de petróleo ha superado la oferta en los últimos meses, lo que ha contribuido a mantener los precios elevados​.

En América Latina, el impacto de este aumento de precios se siente de manera diferenciada. Por un lado, los países exportadores de petróleo, como Venezuela y Brasil, podrían beneficiarse a corto plazo con mayores ingresos por sus exportaciones. Sin embargo, naciones importadoras de energía como Bolivia enfrentan un panorama más complejo. La subida de los precios del crudo implica mayores costos en la importación de combustibles, lo que podría traducirse en un incremento en los precios internos de los derivados del petróleo, afectando a consumidores y sectores industriales.

Para Bolivia, que depende en gran medida de la importación de combustibles a precios subvencionados, un alza prolongada en el mercado internacional podría generar presión, afectando las políticas de subsidios y forzando ajustes en los precios de combustibles al consumidor final. Esto podría incrementar la inflación, donde los sectores productivos también sentirían el impacto en los costos de transporte y energía.