En el marco de la defensa de los intereses del sector empresarial formal al que representan las Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y ante la compleja situación que afecta a los operadores de comercio exterior del país.

• Hemos tomado conocimiento que la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP – B) habría arribado, el día martes primero de octubre del presente,  a un acuerdo favorable con la Empresa Portuaria Arica (EPA) referente a la problemática suscitada sobre el tema tarifario entre ambas instituciones; sin embargo no tenemos conocimiento de los detalles y características del citado acuerdo, aspecto necesario para ponerlo en conocimiento de las empresas asociadas a nuestras organizaciones empresariales.
• Entendemos que el acuerdo al que se arribó, ha permitido el reanudar los despachos de carga de importación hacia el territorio nacional; sin embargo,   queremos dejar establecido que es necesario que la ASP – B genere las condiciones de sostenibilidad necesarias que garanticen al empresariado nacional el correcto flujo de la mercadería de importación a futuro, para evitar pérdidas similares a las que se registraron en los pasados 15 días.
• Deseamos dejar establecido, que el problema que se ha suscitado en días pasados, ha dejado en evidencia los problemas estructurales por los que atraviesa la ASP – B y que están influyendo negativamente en el comercio exterior boliviano, restándole competitividad y frenando la dinámica económica del país.
• Entendemos que el espíritu de creación de la ASP – B en diciembre de 1996, como entidad pública descentralizada sin fines de lucro, era el de ejercer la potestad suscrita en el Tratado de 1904, que establece contar con un agente aduanero oficial acreditado en los Puertos de Arica y Antofagasta, que ejerza la facultad de representar al Estado Boliviano en la función de controlar y fiscalizar, para que las operaciones de comercio exterior se ajusten a las normas vigentes. Sin embargo, a partir de la modificación de la naturaleza jurídica de la ASP – B dispuesta en junio de 2015, se ha desvirtuado por completo la razón de ser de esa institución, puesto que establece que la ASP – B tiene como giro comercial la prestación de servicios portuarios y de plataformas logísticas a las exportaciones e importaciones, función que no ha estado desempeñando por lo contrario ha demostrado una deficiente gestión técnico operativa, ya que desde la concesión de puerto no se hizo gestión alguna para recuperar el porteo de las cargas bolivianas que son soberanas, ni se pudo negociar la mejora de las tarifas a pesar del incremento sustancial del flujo de carga por el Puerto de Arica.

Por todo lo anteriormente mencionado, deseamos ratificar al Gobierno Nacional, nuestra plena disposición a trabajar en una “Alianza Público Privada – APP”, para que el manejo técnico operativo del Puerto de Arica sea coordinado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC – Bolivia) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI), manteniendo a la ASP – B como entidad facultada a velar por el correcto cumplimiento del Tratado de 1904 y normas vigentes.