La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), mediante un comunicado público, rechazó este martes la Acción Popular interpuesta por activistas que plantean impedir el uso de semillas genéticamente modificadas en la agroindustria nacional.

Los industriales agropecuarios advierten sobre el severo riesgo que implica para la seguridad alimentaria nacional y la producción de millones de toneladas de cultivos dar curso a la Acción Popular formulada por un grupo de activistas cuya representación es «poco clara».

El pronunciamiento al que dio lectura el presidente de la CAO, Reinaldo Díaz Salek, cuestiona la ausencia de sustento científico en el pedido de los activistas que sólo desinforma a la población.

«No es correcto que personas totalmente ajenas a nuestra realidad productiva, que no tienen ningún conocimiento de lo que cuesta producir alimentos (…), pretendan restringir el derecho que tenemos los productores a utilizar estas tecnologías para mejorar nuestra producción y contribuir al progreso de Bolivia», dijo Díaz.

«Pedimos a las autoridades no dejarse sorprender por discursos y falsas posturas de estos malos activistas que con acciones como éstas ponen en riesgo la soberanía alimentaria y el futuro del país», advierten.

El presidente de la CAO, recuerda que Bolivia enfrenta una importante desventaja competitiva con relación a la producción agrícola de países vecinos que desde hace décadas utilizan la agrobiotecnología para el fortalecimiento de su agroindustria.

Estudios científicos avalan el uso de la nueva tecnología para el mejoramiento de semillas, cuyos resultados no afectan la salud de los consumidores no el medioambiente, puntualizó Díaz, tras descalificar la argumentación de los activistas.

La CAO planteó que esta acción jurídica es atentatoria y que a muy corto plazo pone en serio riesgo el normal abastecimiento de alimentos y empleos en el país.

«Malos activistas utilizan argumentos sin sustento científico para desinformar», refiere el documento.

En criterio de los agroindustriales, la acción de legal contra ese sector es financiado con recursos cuya procedencia se desconoce y que, además, se atribuyen representación a nombre de los pueblos originarios e indígenas que tampoco les fue otorgado.

Fuente: ABI